El primer obstáculo: la vista oral ante el Tribunal Supremo

LA FECHA FIJADA para la vista oral ante el presidente del Tribunal Supremo, el juez William Rehnquist, y los ocho magistrados adjuntos fue el 26 de febrero de 2002. Un equipo de cuatro abogados representaban los intereses de los testigos de Jehová.

El abogado portavoz captó toda la atención iniciando su alegato con estas palabras: “Nos hallamos en Stratton. Son las once de la mañana de un sábado cualquiera. [Entonces golpeó tres veces el atril.] ‘Buenos días, a raíz de los sucesos recientes he hecho un esfuerzo especial para visitar su hogar y conversar con usted sobre el magnífico futuro del que habló el profeta Isaías. Me refiero a las buenas nuevas que predicó Jesucristo, las buenas nuevas del Reino de Dios’”.

Entonces prosiguió así: “En Stratton es un delito ir de casa en casa con este mensaje a menos que primero se obtenga un permiso municipal”.

‘¿No piden dinero?’

El juez Stephen G. Breyer planteó esta pertinente pregunta: “¿Es cierto que sus clientes no piden dinero, ni un solo centavo, [que] no venden Biblias ni ningún otro artículo y que se limitan a decir: ‘Me gustaría hablar con usted de religión’?”.

El abogado de los Testigos respondió: “Su señoría, los hechos no admiten confusión; los testigos de Jehová no pedían dinero en Stratton. Y lo mismo puede decirse de otros lugares, donde solo en ocasiones mencionamos la posibilidad de aportar una donación voluntaria. [...] Nosotros no recaudamos fondos; tan solo deseamos hablar de la Biblia”.

¿Se necesita el permiso de las autoridades?

El juez Antonin Scalia señaló con agudeza: “Es decir, a ustedes no les parece bien tener que conseguir el permiso del alcalde para hablar con un vecino de un tema interesante, ¿estoy en lo cierto?”. El abogado de los Testigos respondió: “No creemos que este Tribunal deba aprobar una normativa que exija a un ciudadano obtener una licencia para hablar con otro ciudadano en la casa de este”.

Cambio de argumentos y cambio de tono

Entonces les correspondió a los representantes de Stratton presentar sus alegatos. El letrado que ejercía de portavoz explicó la ordenanza municipal en estos términos: “Stratton está valiéndose de su autoridad para proteger la intimidad de sus habitantes y para combatir la delincuencia. La normativa, que prohíbe la venta, la captación  de votos o los sondeos en propiedad privada, tan solo exige registrarse previamente y llevar una licencia mientras se efectúe la actividad a domicilio”.

El juez Scalia fue directo al quid de la cuestión y preguntó a los demás magistrados: “¿Conocen algún otro caso [presentado al Tribunal Supremo] que esté relacionado con una ordenanza de este calibre que no tenga que ver con recaudación de fondos, ni venta de productos, sino con el deseo de conversar, digamos, sobre Jesucristo o la protección del medio ambiente? ¿Hemos tenido alguna vez un caso de este tipo?”.

El magistrado Scalia añadió: “En más de dos siglos no he visto un caso como este”. Entonces, el juez Rehnquist apuntó: “Bueno, usted no lleva tanto tiempo en este mundo”. Este comentario jocoso desató las carcajadas de la sala. El juez Scalia siguió con su argumento: “La dimensión de todo este asunto es nueva para mí”.

¿Una brillante idea?

El juez Anthony M. Kennedy planteó otra cuestión oportuna al preguntar al abogado: “¿Así que usted cree que es una idea brillante el que yo tenga que pedir permiso a las autoridades antes de ir a alguna sección de mi calle donde no conozco a todos los vecinos, [y] decirle a alguien que quiero hablar con él porque me preocupa nuestro congresista, o la recogida de basura, o cualquier otro asunto? ¿Necesito un permiso para hacer esto?”. Y añadió: “Eso es increíble”.

La jueza Sandra Day O’Connor se sumó a esta línea argumental y preguntó: “¿Y los niños que van de casa en casa pidiendo dulces durante la fiesta de Halloween? ¿Tienen que obtener una licencia?”. Después de que los jueces O’Connor y Scalia plantearon más ejemplos parecidos, la jueza O’Connor presentó otro argumento: “¿Y si quiero pedir una taza de azúcar a un vecino? ¿También necesito una licencia?”.

¿Tienen sus visitas domiciliarias fines comerciales o políticos?

El magistrado David H. Souter preguntó: “¿Qué tienen que ver los testigos de Jehová con esta normativa? ¿Acaso son encuestadores, captadores de votos, vendedores ambulantes, comerciantes o proveedores de servicios? No lo son, ¿verdad?”. Entonces, el letrado que representaba a Stratton leyó la ordenanza en detalle y mencionó que el tribunal inferior había incluido a los testigos de Jehová en algunas de las categorías mencionadas. El juez Souter contestó: “Vaya, veo que para ustedes estas categorías son bastante amplias, si en ellas están incluyendo a los testigos de Jehová”.

Acto seguido, el juez Breyer se remitió a un diccionario para demostrar que los Testigos no encajan con ninguna de tales denominaciones y añadió: “Todavía no he leído nada en su informe que explique con qué propósito exigen a estas personas [los testigos de Jehová] registrarse en el Ayuntamiento si no les interesa el dinero, y si su fin no es vender y ni mucho menos captar los votos de nadie. ¿Qué es lo que pretenden ustedes?”.

El “privilegio” de la comunicación

Los letrados de Stratton arguyeron que “el propósito es evitar que se moleste a los habitantes en su propiedad”. También aclararon que se pretendía proteger del fraude y del delito a los residentes de la localidad. El juez Scalia citó la parte de la ordenanza que indica que el alcalde puede exigir al solicitante información personal y de la actividad que pretende realizar a fin de “describir con precisión la naturaleza del privilegio deseado”. Y añadió acertadamente: “El privilegio de persuadir a los conciudadanos  sobre un asunto cualquiera... ¿hay alguien que me pueda explicar esto?”.

El juez Scalia volvió a insistir: “¿Hemos de obligar, entonces, a todo el que quiera llamar a un timbre a ir al Ayuntamiento para que le tomen las huellas digitales? ¿Es el pequeño riesgo de que se cometa un delito razón suficiente para exigir a todo el que desee llamar a una puerta que se inscriba en el Ayuntamiento? Claro que no”.

¿Se protege a los ciudadanos?

Una vez concluidos sus veinte minutos, el equipo de abogados de Stratton pasó la palabra al procurador general del estado de Ohio, quien señaló que la ordenanza municipal protegía a los ciudadanos de las visitas de un extraño, de “alguien que no ha sido invitado y [que] está en propiedad ajena [...]. Las autoridades locales tienen el derecho de decir: ‘Nos preocupa este tipo de actividad’”.

El juez Scalia hizo esta observación: “O sea, están diciendo que los testigos de Jehová deben registrarse ante el alcalde para que se les conceda el privilegio de llamar al timbre incluso de aquellos vecinos que aceptan sus visitas, que se sienten solos y que conversarían gustosamente con alguien de cualquier tema”.

“Una restricción insignificante”

Durante la intervención del procurador general, el juez Scalia presentó un razonamiento muy convincente al decir: “Todos concordamos en que las sociedades con la mayor seguridad ciudadana del mundo son las dictaduras totalitarias. Por lo general, en ellas apenas hay delincuencia. Pero la libertad tiene un precio, y este es, en parte, un mayor índice de delitos. Pues bien, nos preguntamos si esta ordenanza logrará reducir tanto la criminalidad que compense la pérdida que implica regular el privilegio de visitar el hogar de un vecino”. El procurador respondió que “se trata de una restricción insignificante”, pero el magistrado Scalia replicó que era tan insignificante que “no hallamos ni un solo municipio que haya elaborado una ordenanza de ese tipo, y eso no es insignificante”.

Finalmente, ante la presión de uno de los jueces, el procurador tuvo que admitir: “No me atrevo a afirmar que pueda prohibirse por completo llamar a una puerta o tocar un timbre”. Con este comentario, terminó su argumento.

Durante el turno de refutación, el abogado de los Testigos señaló que la ordenanza no contaba con ningún sistema de comprobación. “Puedo ir al Ayuntamiento y decir: ‘Soy [fulano de tal]’ y entonces obtener un permiso para ir de puerta en puerta.” También mencionó que el alcalde puede denegar el permiso a alguien que no pertenezca a cierta organización. “Creemos que se trata de un claro ejemplo de arbitrariedad”, dijo, y añadió: “Con el debido respeto debo decir que nuestras actividades [las de los testigos de Jehová] tienen que ver con la mismísima esencia de la Primera Enmienda”.

Momentos después, el presidente del Tribunal, el juez Rehnquist, dio por finalizada la vista oral. La audiencia había durado poco más de una hora, y la importancia de esa hora se comprobaría en la sentencia que emitiría el Tribunal en junio.

[Ilustración de la página 6]

Juez Rehnquist, presidente del Tribunal Supremo

Juez Breyer

Juez Scalia

[Reconocimientos]

Rehnquist: Collection, The Supreme Court Historical Society/Dane Penland; Breyer: Collection, The Supreme Court Historical Society/Richard Strauss; Scalia: Collection, The Supreme Court Historical Society/Joseph Lavenburg

[Ilustraciones de la página 7]

Juez Souter

Juez Kennedy

Jueza O’Connor

[Reconocimientos]

Kennedy: Collection, The Supreme Court Historical Society/Robin Reid; O’Connor: Collection, The Supreme Court Historical Society/Richard Strauss; Souter: Collection, The Supreme Court Historical Society/Joseph Bailey

[Ilustración de la página 8]

Interior de la sala

[Reconocimiento]

Fotografía de Franz Jantzen, Collection of the Supreme Court of the United States