El Tribunal Constitucional de Corea del Sur tiene pendiente una histórica decisión, pues de nuevo está analizando si es constitucional el castigo que impone la ley del servicio militar a los objetores de conciencia. Desde que se celebró la audiencia pública en julio de 2015, la expectación sobre el fallo del Tribunal ha ido aumentando. Recientemente, el presidente del Tribunal, Han-chul Park, confirmó que se tomaría una decisión antes del 30 de enero de 2017, fecha en que finaliza su mandato.

El Tribunal Constitucional, el más alto del país, tiene autoridad para decidir si una ley se ajusta o no a la Constitución. Actualmente, este Tribunal tiene a su cargo volver a examinar una disposición de la ley del servicio militar que castiga con penas de prisión a quienes rehúsan hacer dicho servicio debido a sus creencias religiosas. El Tribunal examina si este castigo está en conflicto con la Constitución de Corea del Sur, la cual garantiza la libertad de conciencia y de religión.

En Corea del Sur se encarcela a los objetores de conciencia desde hace décadas. Pero si el Tribunal dictamina que esto es inconstitucional, el gobierno se verá obligado a replantearse el trato que da a los objetores de conciencia. Y esto posiblemente llevaría a que el gobierno deje de procesar, condenar y encarcelar a los jóvenes que se niegan a realizar el servicio militar por motivos de conciencia.

Ya en los años 2004 y 2011, el Tribunal Constitucional había analizado este mismo asunto. En ambas ocasiones, sentenció que las leyes que castigan a los objetores de conciencia son constitucionales. De forma parecida, el Tribunal Supremo —el tribunal de apelaciones más alto y de última instancia— falló en el 2004 y en el 2007 que la objeción de conciencia no es una razón válida para negarse a hacer el servicio militar. Pero a pesar de estas sentencias de los altos tribunales, la aplicación de esta ley sigue presentando problemas, incluso para los jueces.

Los tribunales de todos los rangos de Corea del Sur han manifestado sus reparos a tener que enviar a la cárcel a los objetores de conciencia. De hecho, desde que el Tribunal Constitucional emitió su decisión en el 2011, este mismo tribunal ha admitido a trámite 7 casos remitidos por tribunales de distrito y 22 casos presentados por ciudadanos. Por su parte, las sentencias del Tribunal Supremo sobre este asunto también han sido cuestionadas, pues este órgano tiene pendientes más de 40 casos de objetores de conciencia. Desde mayo de 2015, los tribunales han declarado no culpables a nueve objetores de conciencia.

En octubre de 2016, un tribunal de apelación observó las dificultades que este asunto presenta tanto a los tribunales inferiores como a los superiores, y dijo: “Esta confusión a la hora de interpretar y aplicar una disposición legal es algo que nunca se ha visto”. Tiempo atrás, en una decisión sin precedentes, este mismo tribunal declaró no culpables a tres objetores de conciencia. Esta sentencia fue bien recibida por la Asociación de Abogados de Seúl, que la calificó como “histórica”. Han-kyu Kim, presidente de esta asociación, expresó que ahora el Tribunal Constitucional tiene la última palabra.

El señor Han-kyu Kim añadió: “Mucha gente espera con anhelo una decisión favorable [del Tribunal Constitucional] sobre este asunto. Los objetores de conciencia siguen sufriendo condenas de prisión y ni siquiera se les da la oportunidad de realizar un servicio alternativo. El Tribunal Constitucional, el máximo defensor de los derechos humanos de nuestro país, debe tomar una decisión cuanto antes”.

Desde hace sesenta años, casi toda familia de testigos de Jehová en Corea del Sur ha tenido a padres, hijos y hermanos en la cárcel por negarse a servir en el ejército. Una decisión a favor de los objetores de conciencia evitaría que muchos hombres jóvenes tuvieran que sufrir encarcelamientos inútiles y los efectos de ser tachados como delincuentes. Además, reafirmaría el derecho que tienen todos los ciudadanos a la libertad de conciencia y de religión.

Toda la atención está ahora puesta en el Tribunal Constitucional, el cual se enfrenta a una decisión histórica.