Entre julio y agosto del año 2015, más de seiscientos jóvenes encarcelados en Corea del Sur presentaron denuncias ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Todos ellos han sido enjuiciados, declarados culpables y condenados a dieciocho meses de prisión por negarse a realizar el servicio militar debido a sus creencias religiosas.

El 15 de octubre de 2014, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró a Corea del Sur culpable de detención arbitraria por enviar a prisión a los objetores de conciencia. Esta decisión suministra el fundamento de las denuncias que los jóvenes encarcelados han presentado ante el Grupo de Trabajo.

Du-jin Oh, el abogado de los demandantes, explica por qué es una medida arbitraria encarcelar a los objetores de conciencia.

La norma internacional es que los gobiernos ofrezcan alternativas aceptables a los ciudadanos que no quieran hacer el servicio militar por motivos de conciencia. El derecho a la objeción de conciencia al servicio militar se deriva del derecho a la libertad de conciencia y de religión. Pero el gobierno de Corea del Sur sigue desoyendo las peticiones de la comunidad internacional para que ofrezca un servicio civil alternativo.

Cualquier observador imparcial tendría motivos para considerar “arbitraria” la negativa obstinada de Corea del Sur a solucionar un problema que dura ya sesenta años y que ha afectado la vida de más de 18.000 hombres y sus familias. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha exigido en cinco ocasiones que el gobierno adopte una “solución eficaz” para este problema. Hasta ahora, Corea del Sur se ha negado a obedecer las resoluciones de este comité. No hay duda de que es injusto e ilógico encarcelar como delincuentes a hombres que no quieren hacer daño a su prójimo.

Los jóvenes surcoreanos que presentaron las denuncias piden al Grupo de Trabajo que intervenga a favor de ellos para:

• “Establecer que el encarcelamiento de los demandantes por objeción de conciencia al servicio militar es una detención arbitraria”.

• “Ordenar a la República de Corea que libere inmediatamente a los demandantes y elimine sus antecedentes penales”.

Jun-hyeok An es uno de los demandantes. Como los demás, no se considera un delincuente. Su madre le enseñó desde niño a comprender los principios de la Biblia y a vivir de acuerdo con ellos. En su juventud, tomó la decisión de no servir en el ejército, pues eso iría en contra de sus creencias religiosas y de su conciencia. * Como conoce cuáles son las consecuencias en Corea del Sur de negarse a hacer el servicio militar, pensó muy bien su decisión. Declaró:

No creo que deba ser encarcelado por mis creencias religiosas. Aceptaría un servicio civil alternativo si lo hubiera. Estoy plenamente convencido de que no debo hacer daño a nadie, y en ningún caso se me debería condenar por ello.

El Grupo de Trabajo enviará 631 demandas al gobierno de Corea del Sur para que haga sus comentarios y observaciones. Tras recibir la respuesta del gobierno, emitirá una opinión y hará sus recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Si este concuerda con que el encarcelamiento de los objetores de conciencia constituye una detención arbitraria, Corea del Sur se enfrentará a duras críticas por incumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos como miembro de la comunidad internacional. El señor Oh añadió:

Hasta ahora, Corea del Sur se ha negado a ceder a la presión internacional para que apruebe una ley que ofrezca a los objetores de conciencia un programa de servicio alternativo. Al mismo tiempo, sigue aumentando la presión de los tribunales nacionales. En los últimos meses, dos jueces de tribunales de distrito declararon inocentes a seis objetores de conciencia. Desde el 2012, varios jueces han remitido siete casos al Tribunal Constitucional, que escuchó los argumentos en julio de 2015.

Actualmente, el gobierno de Corea del Sur, desafiando el derecho internacional, condena y encarcela todos los meses a entre cuarenta y cincuenta Testigos. El señor An y todos los Testigos encarcelados en Corea del Sur por ser objetores de conciencia esperan impacientes las decisiones del Tribunal Constitucional y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.