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Gyeong-chan Park es uno de los 140 jóvenes que la Administración de Reclutamiento calificó erróneamente como evasores del servicio militar.

9 DE JUNIO DE 2017
COREA DEL SUR

Un Tribunal de Corea del Sur admite el reclamo de objetores de conciencia preocupados por sus derechos humanos

Un Tribunal de Corea del Sur admite el reclamo de objetores de conciencia preocupados por sus derechos humanos

El 1 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de Seúl determinó que la Administración de Reclutamiento Militar pudo haberles provocado daños irreparables a los objetores de conciencia. La Administración de Reclutamiento los avergonzó públicamente al tildarlos de evasores del servicio militar en su sitio web. El tribunal ordenó que se suspenda la publicación de los datos personales de los objetores de conciencia en el sitio web hasta que se tome una decisión sobre el recurso administrativo que se ha presentado por revelar esa información. La Administración de Reclutamiento ha obedecido esta orden.

No son evasores del servicio militar

A principios del 2015, los representantes de la Administración de Reclutamiento avisaron a los objetores de conciencia de que publicarían sus datos personales y se les calificaría de evasores del servicio militar. La Administración estaba al corriente de la situación de estos hombres porque antes del día que debían presentarse a filas todos ellos habían escrito una carta para aclarar que su negativa a realizar el servicio militar era una decisión que habían tomado con plena consciencia y que estaban dispuestos a efectuar un servicio civil alternativo. A pesar de todo, el 20 de diciembre de 2016, la Administración de Reclutamiento publicó en su sitio el nombre, la edad, la dirección y otros datos de los jóvenes, y los calificó de evasores del servicio militar.

Gyeong-chan Park, testigo de Jehová y objetor de conciencia, se sorprendió mucho cuando vio que su nombre aparecía en la lista de los 237 evasores del servicio militar publicada en el sitio web. Comentó: “Mi firme postura de negarme a hacer el servicio militar es sincera. Esperaba que algunos me criticaran, pero no podía creer que el gobierno me tratara como un evasor. La Administración de Reclutamiento conoce bien a los Testigos y sabe cuáles son nuestros motivos, así que deberían tener claro que no somos personas egoístas que quieren librarse de sus deberes civiles”. Luego añadió: “La verdad es que cuando vi mi nombre en la lista me dio miedo, porque cualquiera podía venir a mi casa a acosarme”.

En la solicitud que hicieron para que se quitaran sus nombres de la lista, los 140 testigos de Jehová argumentaron que la ley del Servicio Militar define al evasor como una persona que se niega “sin causas justificadas” a presentarse cuando se le llama a filas. Los jóvenes explicaron que no son evasores y que sí tienen “causas justificadas”, ya que las leyes de Corea del Sur y las internacionales exigen que se reconozca el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar. Ahora mismo hay un caso sobre el reconocimiento de este derecho que está pendiente en el Tribunal Constitucional de Corea del Sur.

El abuso del poder discrecional agrava el castigo

Los Testigos también argumentaron que aunque la enorme presión social que han tenido que soportar les ha causado angustia y deshonra, no ha afectado para nada sus convicciones ni su postura ante el servicio militar. En Corea del Sur, más de 19.000 Testigos han aguantado esa presión durante los últimos sesenta años y han cumplido en total con más de 36.000 años de cárcel. Los jóvenes que vieron sus nombres publicados en el sitio web consideran que esta es otra forma de sancionarlos, pues los efectos negativos se pueden comparar a tener antecedentes penales. Es como si el gobierno de Corea del Sur los estuviera castigando por tener convicciones firmes.

Esperan una decisión a su favor

Los testigos de Jehová de Corea del Sur agradecen que el tribunal haya reconocido que este es un problema de violación de derechos humanos y esperan que esto tenga un efecto positivo en la decisión del tribunal cuando examine el recurso administrativo. Además, están preparando una solicitud ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que den su opinión al tribunal. La audiencia está programada para el 28 de junio de 2017.