Tras una batalla legal de catorce años, el gobierno francés devolvió el 11 de diciembre de 2012 a los testigos de Jehová la cantidad de 6.373.987,31 euros (8.294.320 dólares).

En 1998, el gobierno impuso una injusta tasa retroactiva del 60% a las donaciones recibidas por los testigos de Jehová, y en 2003 exigió parte del pago. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que, con esa acción, Francia había violado la libertad religiosa de los Testigos, pues aquello pudo haberlos obligado a cerrar y vender sus oficinas en el país, lo cual habría perjudicado su obra de educación bíblica. Dado que el Tribunal declaró que el impuesto era ilegal, el gobierno ha comenzado a cumplir con la orden de devolver con intereses el dinero incautado y pagar los gastos judiciales de los Testigos.

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