Después de una larga batalla legal y gracias a los esfuerzos de la oficina del Defensor del Pueblo de Ruanda y de algunos jueces sin prejuicios, los testigos de Jehová han logrado un trato justo. Al principio, el Tribunal Supremo falló en su contra y ordenó que pagaran una compensación a los dueños de un edificio que las autoridades de la ciudad de Kigali habían mandado demoler. Sin embargo, la oficina del Defensor del Pueblo vio que aquello era una gran injusticia y pidió al Tribunal Supremo que se replanteara su decisión.

Como parte de una amplia iniciativa de mejoras en la ciudad de Kigali, en el 2006 las autoridades mandaron a los ciudadanos que quitaran todos los quioscos construidos en terrenos públicos. Esa misma ordenanza obligaba a los residentes a mantener y embellecer las zonas públicas situadas alrededor de sus propiedades.

La orden también exigía que se derrumbaran todos los edificios ilegales. Esto afectaba a un edificio que el señor Ngayabateranya había construido en terreno público sin los debidos permisos. Además, había utilizado materiales y técnicas de construcción que no cumplían la normativa. Después de cumplirse el período de 21 días establecido para ejecutar la orden, el alcalde del distrito de Gasabo vio que no se había hecho nada y decretó por escrito que se derribaran los edificios construidos de forma ilegal. Tras el derribo de dichos edificios, la sede nacional de los testigos de Jehová, también situada en el sector Remera de ese distrito, acondicionó las zonas públicas cerca de su propiedad con un paseo y un jardín.

Después de que las autoridades hicieran que se demoliera el edificio del señor Ngayabateranya, él y sus socios demandaron a los Testigos ante el Tribunal Intermedio de Gasabo acusándolos de destruir su edificio. Sostenían que tenían derecho a una indemnización, aunque no presentaron ninguna prueba válida de la acusación. Sin embargo, los Testigos proporcionaron la documentación oficial que probaba sin ninguna duda que la responsabilidad de la demolición recaía en las autoridades de la ciudad. A pesar de todo, el tribunal pasó por alto las pruebas y falló en contra de los testigos de Jehová.

Los Testigos apelaron al Tribunal Superior para corregir aquella injusticia tan evidente. Después de revisar las pruebas, este tribunal determinó que la decisión del tribunal intermedio no tenía ninguna base lógica. El 5 de noviembre de 2010, el Tribunal Superior dictaminó que el señor Ngayabateranya y sus socios habían interpuesto una demanda sin fundamento y les ordenó pagar 800.000 francos ruandeses (1.360 dólares) en concepto de costas procesales y daños y perjuicios.

El señor Ngayabateranya apeló la decisión ante el Tribunal Supremo de Ruanda. Durante el juicio, el secretario ejecutivo del sector de Remera testificó que el edificio del señor Ngayabateranya había sido construido de manera ilegal y que por eso había sido derribado como parte del programa estatal para reestructurar la ciudad. Aunque el Tribunal Supremo reconoció que los Testigos no habían derribado el edificio, llegó a la conclusión de que sí habían instigado la demolición. El Tribunal pasó por alto pruebas significativas y determinó que los Testigos se habían aprovechado injustamente de la situación porque habían ajardinado la zona donde antes estaba el edificio. Además, ordenó que se indemnizara a los demandantes por daños y perjuicios con 22.055.242 francos ruandeses (más de 33.000 dólares). El 4 de abril de 2013, los Testigos pagaron esa cantidad bajo protesta.

Los testigos de Jehová presentaron una queja ante la oficina del Defensor del Pueblo porque se les había acusado falsamente y, de manera injusta, se les había responsabilizado de la demolición del edificio del señor Ngayabateranya. Aloysie Cyanzayire, la defensora del pueblo, revisó la queja y la decisión tomada por el Tribunal Supremo.

Después de examinar las pruebas, Aloysie Cyanzayire estableció que las autoridades habían derribado el edificio porque el señor Ngayabateranya no había cumplido las leyes de Ruanda. También declaró que no existían razones para castigar a los Testigos por haber apoyado la directriz de la ciudad y haber ajardinado los terrenos públicos que limitan con su propiedad. Las mejoras y el mantenimiento que los Testigos dieron a esos terrenos fueron un “logro muy útil” y “una gran ayuda al Estado en su programa de limpieza de la ciudad”.

El 4 de diciembre de 2013, Aloysie Cyanzayire solicitó que el Tribunal Supremo revisara su sentencia contra los testigos de Jehová. Un nuevo grupo de jueces vio el caso y, el 17 de octubre de 2014, el Tribunal revocó su decisión anterior y concluyó que la demanda del señor Ngayabateranya era infundada. Por eso, se le ordenó que devolviera el dinero que había recibido injustamente por el fallo anterior y que pagara las tasas del juicio. Los abogados que representan a los Testigos y un alguacil están tratando de recuperar el dinero.

Los testigos de Jehová reconocen la ayuda de la defensora del pueblo, Aloysie Cyanzayire, y agradecen que el Tribunal Supremo haya revocado su decisión. No hay duda de que todos los ciudadanos que respetan la ley valoran que la República de Ruanda tenga un sistema eficaz para corregir las injusticias y defender la ley.