El 14 de diciembre de 2017, las autoridades rusas irrumpieron en el Salón de Asambleas de los testigos de Jehová que está en Kolomyazhskiy (San Petersburgo). Luego acordonaron el edificio y tomaron el control de la propiedad. Durante la incursión, ningún testigo de Jehová resultó herido y, al parecer, el edificio tampoco sufrió daños.

Este Salón de Asambleas es la propiedad más grande que las autoridades rusas les han confiscado a los testigos de Jehová desde el fallo que emitió la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ruso el 17 de julio de 2017. El Tribunal Supremo ordenó que se disolvieran todas las entidades legales de los Testigos en Rusia, que se prohibieran sus actividades y que se confiscaran sus propiedades.

En el 2002 se hizo una remodelación de este Salón de Asambleas, que tiene capacidad para 1.500 personas. Allí se celebraban reuniones religiosas grandes, así como otras más pequeñas a las que asistían los Testigos de las congregaciones cercanas. Los abogados de los Testigos se dieron cuenta de que las autoridades habían cambiado el registro del salón y lo habían puesto a nombre de la Federación Rusa. Al hacer esto, la propiedad pudo ser transferida a otro propietario, un centro de salud de la zona que ya ha puesto su cartel en la entrada.

La confiscación ocurre justo una semana después de que un tribunal amenazara con adueñarse de la propiedad cerca de San Petersburgo que los testigos de Jehová de Rusia usan como sede nacional. Con esta decisión, se está invalidando un contrato entre la sede nacional de los testigos de Jehová en Rusia y la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania que lleva vigente diecisiete años. Si el fallo se confirma, las autoridades rusas tendrán vía libre para confiscar esta y otras propiedades que usan los Testigos y que pertenecen a propietarios extranjeros.

Los testigos de Jehová consideran que estas acciones del gobierno ruso suponen actos terribles de intolerancia religiosa y que con ellas están privándolos no solo de su libertad religiosa, sino también de sus propiedades, muchas de las cuales han sido compradas y remodeladas por ciudadanos rusos con pocos recursos. Los Testigos se están valiendo de todas las vías legales existentes para apelar contra estas acciones del gobierno, haciendo solicitudes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y presentando denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.