Las autoridades rusas siguen avanzando en su objetivo de confiscar las propiedades que usa el Centro Administrativo de los Testigos de Jehová, situado en Solnechnoye, cerca de San Petersburgo.

El 20 de abril de 2017, el Tribunal Supremo ordenó que se disolvieran todas las entidades legales de los Testigos y que se confiscaran todas sus propiedades, incluidas las que usa el Centro Administrativo. Sin embargo, este Centro Administrativo es propiedad de una corporación estadounidense, la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Así que el fiscal está intentando invalidar un contrato que lleva diecisiete años vigente y que estipula que la propiedad fue transferida legalmente a la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Antes de la decisión del Tribunal Supremo nunca se había cuestionado este contrato. Además, la corporación ha estado pagando los impuestos de la propiedad desde que se hizo la transferencia. Las autoridades ahora se están valiendo de artimañas para darle carácter legal a su principal objetivo: la confiscación de la propiedad.

En la audiencia preliminar del 29 de noviembre de 2017, la jueza desestimó todas las peticiones presentadas por los abogados de los Testigos, beneficiando así al fiscal. Más allá de la posible pérdida de la propiedad, valorada en millones de dólares, el Centro Administrativo ha sido el hogar de casi 400 personas —entre ciudadanos rusos y extranjeros—, y algunas de ellas han vivido allí durante veinte años o más. Para todos ellos ha sido muy doloroso abandonar su hogar y tener que interrumpir el servicio voluntario que realizaban a favor de sus hermanos rusos.

La audiencia que analizará las cuestiones principales del caso comenzará el 7 de diciembre de 2017 a las dos de la tarde en el Tribunal de Distrito de Sestroretsk, en San Petersburgo.