El 25 de mayo de 2017, policías y agentes del Servicio Federal de Seguridad fuertemente armados irrumpieron en una reunión religiosa de los testigos de Jehová en la ciudad de Oriol (Rusia). Las autoridades anunciaron que abrirán un caso judicial en contra de los Testigos por perpetuar, supuestamente, las actividades de una organización extremista. El gobierno ya había disuelto el 14 de junio de 2016 la entidad religiosa de Oriol por considerarla extremista. Además de interrumpir la reunión, las autoridades tomaron nota de los datos personales de todos los presentes, confiscaron sus dispositivos electrónicos y después registraron las casas de los Testigos de Oriol.

Los agentes se llevaron a los hombres de la congregación de Oriol a las oficinas del Servicio Federal de Seguridad y retuvieron allí al ciudadano danés Dennis Christensen, quien sirve de anciano de la congregación. El fiscal presentó una petición urgente ante el tribunal del distrito Sovietski de Oriol para que el señor Christensen permaneciera bajo arresto preventivo. El objetivo era darle tiempo al Servicio Federal de Seguridad para reunir pruebas y buscar testigos, y así poder establecer el caso. La jueza Svetlana Naumova concedió la solicitud y ordenó que el señor Christensen fuera puesto bajo arresto preventivo por dos meses. Hoy se presentará una denuncia contra esa orden. Si se le declara culpable, podría pasar de seis a diez años en prisión según se estipula en el Código Penal, artículo 282.2, parte 1.

La congregación de los testigos de Jehová de Oriol se había reunido para adorar a Dios en grupo. No es una entidad legal. Las autoridades rusas demuestran así que no solo querían acabar con las entidades legales de los Testigos, sino prohibir que adoren a Dios. Esta situación se parece mucho a lo que pasó en la ciudad de Taganrog cuando las autoridades disolvieron la entidad legal y luego acusaron de extremistas a 16 Testigos por continuar reuniéndose de forma pacífica para adorar a Dios. En noviembre de 2015, los 16 detenidos fueron declarados culpables, aunque les cancelaron las sentencias y las multas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está revisando el caso.