En diez decisiones recientes, el Comité de Derechos Humanos de la ONU le ha recordado al gobierno de Turkmenistán que debe cumplir su compromiso de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. * En las decisiones, que se hicieron públicas en el 2015 y el 2016, el comité declara que el gobierno debe dejar de castigar a los objetores de conciencia y debe cumplir con las obligaciones que asumió al firmar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.

Las decisiones de dicho comité se basaron en las quejas que diez testigos de Jehová presentaron en septiembre de 2012. Todos habían sido castigados por objetar al servicio militar por motivos de conciencia. Nueve de ellos fueron encarcelados en condiciones deplorables. Contaron que habían sido golpeados, maltratados y encerrados en celdas repugnantes y abarrotadas, en las que estuvieron expuestos a temperaturas extremas y a enfermedades infecciosas.

Las diez decisiones del comité determinaron que Turkmenistán había violado “la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” de los objetores. En el caso de los nueve Testigos encarcelados, el comité concluyó que Turkmenistán no los había tratado “humanamente y con el respeto debido”, y que los había “sometido a torturas” y “a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

El comité declaró que, para poner remedio a esas violaciones, el gobierno de Turkmenistán debe eliminar los antecedentes penales de los Testigos, compensarlos debidamente y revisar las leyes para que “garanticen el derecho a la objeción de conciencia”. También ordenó al gobierno investigar a fondo e imparcialmente los informes de maltratos cometidos y juzgar a los responsables.

En el 2013, otros cinco Testigos presentaron quejas ante el comité debido a los castigos que recibieron por ser objetores de conciencia. Sus abogados esperan que las decisiones sigan en la misma línea que las diez primeras.

Una de las decisiones del comité, publicada el 15 de julio de 2016, estaba relacionada con Navruz Nasyrlayev. La primera vez que lo llamaron para realizar el servicio militar, en abril de 2009, el señor Nasyrlayev tenía 18 años. Él les explicó a las autoridades que su conciencia no le permitía realizar el servicio militar, pero que estaba dispuesto a realizar un servicio civil alternativo. Tiempo después, fue acusado de deserción y sentenciado a dos años de prisión en la penitenciaría LB-E/12, de Seydi. Durante el tiempo que pasó allí, fue encerrado varias veces en una celda de castigo y golpeado brutalmente por guardias enmascarados.

En enero de 2012, un mes después de haber sido puesto en libertad, el señor Nasyrlayev fue llamado a filas nuevamente. Él volvió a explicar que estaba dispuesto a realizar un servicio civil alternativo, pero otra vez lo acusaron del mismo delito y lo sentenciaron a dos años más de “régimen penitenciario estricto”, que tuvo que cumplir en condiciones descritas como “deplorables”. Igual que durante la primera condena, funcionarios de la prisión lo golpearon salvajemente y lo obligaron a realizar trabajos humillantes.

La familia del señor Nasyrlayev también ha sufrido. Poco después de que el comité pidiera explicaciones al gobierno de Turkmenistán por la querella que presentó Nasyrlayev, agentes de la policía irrumpieron en su hogar, en Dashoguz, y agredieron a su familia y a los invitados que estaban allí. Según parece, esto ocurrió como represalia por la queja presentada.

Navruz Nasyrlayev fue liberado en mayo de 2014, pero todavía sufre los efectos de su encarcelamiento. El comité señaló que este joven sufrió graves maltratos y que fue sentenciado y condenado dos veces por “la misma e invariable determinación basada en razones de conciencia”. El comité añadió que “la negativa del [...] [señor Nasyrlayev] a alistarse en el servicio militar obligatorio obedece a sus creencias religiosas, y que la sentencia y la pena que le fueron impuestas posteriormente vulneraron su libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”.

En un informe sobre los derechos humanos en Turkmenistán del año 2012, el comité le dijo al gobierno que debe “dejar de procesar a las personas que se nieguen a hacer el servicio militar por razones de conciencia y debe poner en libertad a quienes estén cumpliendo penas de prisión por ese motivo”. El gobierno de Turkmenistán respondió parcialmente a esta petición liberando en febrero de 2015 al último Testigo que quedaba preso por su objeción de conciencia. Desde entonces, ningún Testigo ha sido sentenciado a prisión por negarse a realizar el servicio militar.

No obstante, el gobierno todavía persigue y castiga a los objetores de conciencia. Por tanto, continúa violando los acuerdos que firmó en defensa de los derechos humanos ante la comunidad internacional.

• A finales del 2014, el gobierno comenzó a sentenciar a los Testigos que son objetores de conciencia a “trabajo correccional”. Esta sentencia los obliga a pagar al Estado el 20% de su sueldo durante un período que va de uno a dos años. Actualmente, dos testigos de Jehová están cumpliendo condenas de este tipo.

• En otros casos, los funcionarios presionan intensamente a los objetores para que cedan y no actúen en conformidad con sus creencias.

Por ejemplo, el 16 de junio de 2016, el alguacil y dos representantes de la comisaría militar fueron a casa de Artur Yangibayev, un testigo de Jehová que había solicitado el servicio civil alternativo. Los funcionarios lo llevaron a la fiscalía y lo sometieron a una intensa presión psicológica. Esta fue tan fuerte, que el señor Yangibayev se vio forzado a escribir una carta para retractarse de su petición. Tiempo después, presentó una queja por las coacciones sufridas y, tras pasar tres semanas detenido, fue liberado. Durante un período de dos años estará en libertad condicional. *

Además de maltratar a los objetores de conciencia, Turkmenistán también restringe las actividades religiosas y penaliza a quienes las llevan a cabo. Un informe de enero de 2017 del Comité contra la Tortura de la ONU solicitó al gobierno de Turkmenistán que “se inicien sin demora investigaciones imparciales de [...] la presunta tortura durante la detención de Bahram Hemdemov, testigo de Jehová, en mayo de 2015; [y] la detención en julio de 2014 de Mansur Masharipov, testigo de Jehová, que recibió una grave paliza y fue internado contra su voluntad en un centro de rehabilitación de toxicómanos”. El señor Masharipov fue encarcelado después de habérsele imputado cargos falsos relacionados con sus actividades religiosas y puesto en libertad tras un año de prisión. Tanto él como el señor Hemdemov, quien fue condenado por llevar a cabo supuestas actividades religiosas ilegales, son inocentes.

Los testigos de Jehová de Turkmenistán esperan que el gobierno tome pronto las medidas necesarias para solucionar esta situación y así defender la libertad de religión y de conciencia. Cuando lo haga, demostrará que respeta a las personas que han tomado decisiones basadas en su conciencia y que desea limpiar su historial de violaciones de los derechos humanos.