El 8 de septiembre de 2016, el Tribunal Constitucional de Ucrania confirmó que los ciudadanos de ese país tienen el derecho a reunirse de forma pacífica sin la intervención de los funcionarios del gobierno. El tribunal invalidó parte de la ley de Libertad de Conciencia y de Organizaciones Religiosas (ley de Organizaciones Religiosas) de 1991, que exige que las organizaciones religiosas obtengan la “autorización” del gobierno para celebrar sus reuniones en instalaciones alquiladas. El Tribunal Constitucional dictaminó que esta restricción viola las garantías de la Constitución del país sobre el derecho a reunirse de forma pacífica. Los testigos de Jehová agradecieron esta decisión, ya que habían estado teniendo problemas a la hora de alquilar instalaciones para sus servicios religiosos.

Desde que se aprobó la ley de Organizaciones Religiosas, algunos funcionarios con prejuicios interpretaron la ley a su antojo y cancelaron contratos que tenían los Testigos para realizar servicios religiosos en edificios de alquiler. Por ejemplo, en el verano del 2012, miles de testigos de Jehová del noreste de Ucrania tenían previsto celebrar un congreso religioso de tres días en la ciudad de Sumy. Ya habían firmado el contrato de alquiler del estadio municipal y los preparativos del evento estaban muy avanzados. Como exige la Constitución, los Testigos avisaron a las autoridades de que iban a celebrar esta asamblea. Entonces, cuando solo quedaba un mes para el evento, el Consejo Municipal de Sumy decidió —basándose en la ley de Organizaciones Religiosas— que una simple notificación no era suficiente. Según el Consejo, los Testigos tenían que pedir autorización para usar el estadio, y el Consejo decidió negárselo.

Los testigos de Jehová decidieron realizar la asamblea en la ciudad de Járkov, ubicada a unos 200 kilómetros (125 millas) de Sumy, pero contaron con muy poco tiempo para organizarla. Más de 3.500 Testigos se vieron obligados a cambiar de súbito sus planes. Muchos no pudieron viajar a Járkov para asistir a este importante evento a causa de la edad avanzada o la mala salud. Y muchos otros no pudieron asistir porque no consiguieron días libres en el trabajo o porque no tenían dinero para hacer el viaje a Járkov. Al año siguiente, el Consejo Municipal de Sumy volvió a recurrir a la ley de Organizaciones Religiosas para negarles a los Testigos el permiso de celebrar su asamblea en el estadio.

Illia Kobel, de la sede nacional de los testigos de Jehová en Lviv, explicó: “Las cancelaciones de las asambleas en Sumy no fueron incidentes aislados. En otras ocasiones hemos tenido problemas para realizar nuestros servicios religiosos en locales alquilados”. Por ejemplo, en marzo de 2012, unos funcionarios de la ciudad de Vinnytsia se negaron a darles autorización a los Testigos para celebrar una reunión religiosa en un local alquilado, por lo que tuvieron que buscar una solución de última hora. Unos meses después, unos funcionarios no concedieron a la congregación de Mohyliv-Podilskyi el permiso para llevar a cabo sus servicios religiosos semanales en un local alquilado, a pesar de que llevaban tres años celebrando reuniones allí. A falta de un lugar adecuado para celebrar sus reuniones, tuvieron que aglomerarse en hogares privados.

En febrero de 2015, la administración regional del Estado en Vinnytsia reiteró que los testigos de Jehová habían violado la ley en numerosas ocasiones porque no habían obtenido autorización para celebrar reuniones religiosas en edificios que no fueran lugares de culto de su propiedad. Insistieron en que una notificación no era suficiente.

Por lo general, los testigos de Jehová se han podido reunir libremente en sus lugares de culto durante los últimos años, y el gobierno no ha intervenido. Sin embargo, para celebrar reuniones especiales o asambleas regionales a veces tienen que alquilar instalaciones más grandes. La Constitución de Ucrania permite a las organizaciones religiosas reunirse de forma pacífica en una instalación alquilada, siempre y cuando lo notifiquen con antelación a los funcionarios del gobierno. El señor Kobel dijo: “La raíz de los problemas que estamos teniendo es la ley de Organizaciones Religiosas, que es muy restrictiva y requiere que se obtenga una autorización, algo que la Constitución no exige. A fin de solucionar este asunto, presentamos el problema ante el Comisionado del Parlamento de Ucrania para los Derechos Humanos, también conocido como el Defensor del Pueblo”.

El papel del Comisionado es velar por que todos los ciudadanos de Ucrania disfruten de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes del país. Después de analizar los desafíos a los que se han enfrentado los testigos de Jehová, el Comisionado señaló que había discrepancias entre la Constitución y la ley de Organizaciones Religiosas. La Constitución garantiza el derecho a reunirse siempre que se envíe una notificación a las autoridades para que sepan que se va a realizar un servicio religioso público en una instalación alquilada. Sin embargo, la ley de Organizaciones Religiosas solo permite que se celebren servicios religiosos públicos en una instalación alquilada si el grupo religioso obtiene un permiso de las autoridades con al menos diez días de antelación.

El 26 de octubre de 2015, el Comisionado presentó una solicitud ante el Tribunal Constitucional de Ucrania en la que señalaba que esta sección de la ley de Organizaciones Religiosas era inconstitucional. Y expuso que reunirse de forma pacífica es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Además indicó: “Los Estados no deben establecer medidas arbitrarias que puedan interferir con el derecho a reunirse libremente”. Para mostrar su apoyo a la postura del Comisionado, los testigos de Jehová de Ucrania presentaron un informe al Tribunal Constitucional en el que explicaban los problemas que han tenido para realizar reuniones religiosas en instalaciones de alquiler.

El 8 de septiembre de 2016, el Tribunal Constitucional confirmó que ninguna ley puede contradecir el derecho constitucional que tienen los ciudadanos a reunirse de forma pacífica siempre que se lo notifiquen a las autoridades. Y fue más allá de lo que dicen las leyes nacionales, pues citó del artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el cual garantiza la libertad de religión, así como del artículo 11, que protege el derecho de los ciudadanos a reunirse sin que el Estado imponga restricciones injustificadas. Finalmente, declaró inconstitucional la sección 5 del artículo 21 de la ley de Organizaciones Religiosas de 1991, que exige que los grupos religiosos obtengan permiso del gobierno antes de celebrar servicios religiosos públicos en una instalación alquilada.

Para celebrar un servicio religioso, los ucranianos ya no dependen de funcionarios gubernamentales que puedan denegarles el permiso. Tal y como expone la Constitución, los testigos de Jehová solo necesitan avisar con antelación a las autoridades de que se proponen realizar un servicio religioso en una instalación alquilada, y nadie puede negarles ese derecho.

El señor Kobel ha dicho lo siguiente en representación de los más de 140.000 Testigos de Ucrania: “La reciente decisión del Tribunal Constitucional le ha dado mayor peso al derecho de todos a reunirnos pacíficamente. Estamos muy agradecidos, pues ya no tendremos que lidiar con la intervención del gobierno a la hora de alquilar edificios para nuestras reuniones religiosas”.